Razones para la esperanza: solidaridad, subsidiariedad y bien común

102 actas del segundo congreso católicos y vida pública superior al de los individuos. Se promueve una ordenada convivencia a través de la sociedad que se aglutina para encontrar la utilidad común y es característica moral de esta sociedad el valor de la solidaridad. No puede haber bien común sin valores e instituciones que faciliten al ser humano su vida provechosa, ordenada, justa y libre en sociedad. La realización del bien común es la razón misma de ser del Estado y de los poderes públicos. Toda agrupación humana requiere una autoridad que asegure el bien común. Con ello viene la exigencia de que el ejercicio del poder se ajuste a derecho. Entonces, en la sociedad, el objetivo de lo que es el derecho, la norma jurídica, es la realización de un sistema de convivencia regulado por cuerpos de reglas que aspiran a conseguir lo que es justo para todos. Ello es en gran medida lo que es sinónimo para la Iglesia a través de su doctrina social del Bien Común. Si el ordenamiento jurídico logra una verdadera y auténtica paz social, logra armonizar intereses y se mantiene en lo justo entonces, de manera natural, consigue el bien común porque lo tiene como criterio. El derecho como ciencia cambiante, en constante movimiento, transformación y renovación, de manera que pueda atender los requerimientos y exigencias sociales y ser pertinente a los tiempos, busca avenidas, nuevos conceptos y modos para ser más accesible y poner al servicio de la persona jurídica constituida por el Pueblo, por la Sociedad, el gran valor que es la Justicia. Por ello podemos identificar conceptos, valores, y nuevos modos de hacer derecho, entronizados en los sistemas judiciales más modernos y contemporáneos encaminados y enfocados en lograr cambios sociales y a su vez convertirse en hacedores del denominado Bien Común. Queda así vinculada la Doctrina Social de la Iglesia con el orden jurídico de los pueblos y con la institución de los sistemas judiciales. La Justicia se concibe entonces como el más extraordinario de los servicios encaminada al bien común social. El Sistema Judicial de Puerto Rico, tras esa búsqueda de mantenerse vigente y ceñida a sus propósitos, esfuerzo que se da en el establecimiento de políticas públicas (policy), plantea que su Misión es: