Razones para la esperanza: solidaridad, subsidiariedad y bien común

105 razones para la esperanza: solidaridad, subsidiariedad y bien común En atención a este desarrollo moderno de los poderes judiciales y su propósito de llegar a todos buscando el mayor y mejor orden social, analizaremos tres conceptos que marcan tendencia en estos tiempos dentro de los sistemas de Justicia encaminados a lograr el trato equitativo y solidario, que se traduzca en paz y adecuada convivencia social. Ellos son: Independencia Judicial, Equidad Procesal y Justicia Terapéutica. En primer lugar debemos entender y reconocer el valor de la Independencia Judicial, no como un asunto de jueces y juezas; sino como el gran valor social que es porque va dirigido a la protección de las personas que someten sus controversias ante nuestras cortes para su resolución y de la expectativa legítima de éstos de que se resolverán por un juez o jueza cualificada, justo, imparcial, sin prejuicio y neutral. Se ha acuñado el concepto de Equidad Procesal . La misma implica exhibir la mayor sensibilidad hacia la dignidad humana, hacia el trato a personas que participan o presencian un procedimiento judicial en sala, hacia la importanciade la claridadparaquienesno conocen los tecnicismos legales ni comprenden todos los detalles de un procedimiento judicial. Se trata de hacer más entendibles, comprensibles, y compasivos los procesos y de asegurar que el trato justo y equitativo hacia las personas se perciba así por quienes participan y los presencian. Sin lugar a dudas es sinónimo del concepto de solidaridad del que ya habíamos hablado. Finalmente la denominada Justicia Terapéutica y la restaurativa que la acompaña. Es usar el derecho como un elemento de cambio social, transformando procesos y a su vez transformando vidas. Es decir, hay alternativas para resolver las disputas fuera de procedimientos adversativos logrando en muchos casos, mediante el uso del derecho, sanar, rescatar y restaurar vidas. Todo ello tiene como centro el Acceso a la Justicia. La idea es lograr un sistema comprensivo e integrado de servicios suficientes que garanticen a los miembros de la sociedad el acceso al sistema judicial, pero sobretodo el acceso a aquellos en estado de vulnerabilidad, a la población de indigentes, a aquellos en situación de desventaja económica, que reciban servicios de abogados y abogadas, solución de conflictos y la atención de sus necesidades, en el orden civil y criminal, todo ello de una mayor calidad.