Democracia, Transparencia, Participación y Bien Común

64 actas del cuarto congreso católicos y vida pública nuevo tejido social –ese que tanto necesita ahora Puerto Rico– libre del individualismo y del consumismo. Un nuevo tejido social comprometido con las causas del desarrollo humano: acceso a la salud, a la educación, a custodiar nuestra casa común. Es desde los medios que debemos facilitar las condiciones para que ese tejido social comience a dar forma. La corrupción pública y privada, individual y colectiva, el clientelismo político, el inversionismo político, la desigualdad económica, la indiferencia y pesimismo ciudadano, todo ello atenta contra la creación de un nuevo tejido social. Todo ello atenta contra la dignidad humana y contra nuestro pleno desarrollo humano y democrático. Lo afirma el informe Corrupción y Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Civiles, dado a conocer en meses recientes... En ese documento, los licenciados Víctor García San Inocencio y Víctor Rivera Hernández, acentúan ese vínculo entre la corrupción y los derechos humanos... El informe establece –y cito– que “en Puerto Rico, el tema de la corrupción se ha convertido en uno normal, repetido, que a nadie sorprende y al cual, de alguna u otra manera nos hemos acostumbrado”. El informe identifica otros elementos que abonan al clima de corrupción: otra vez, la indiferencia, el desgano, la pasividad y hasta la aceptación de la cotidianidad de la corrupción; la falta de unidad estructural de las entidades encargadas de prevenir y combatir la corrupción; y la fragilidad de la participación ciudadana en la gobernanza democrática... Vemos a diario el reflejo de esas instancias. Uno reciente: las acusaciones federales que revelan los tentáculos del inversionismo político. Lo que empezó como una pesquisa sobre un choque de tránsito fatal ha destapado una madeja de relaciones y pagos con visos fraudulentos que hoy salpica a empleados de gobierno, allegados y funcionarios electos... Se habla de pagos millonarios, emitidos en medio de una crisis presupuestaria sin precedentes que limita los recursos para servicios imprescindibles. Pero el seguimiento constante a los casos judiciales, ni siquiera la investigación periodística, ni la contextualización de la noticia, –aunque

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