Cristianos en salida, santos del presente

42 actas del vii congreso católicos y vida pública La inversión anual del gobierno de Puerto Rico en salud asciende a $11,370 millones al año, lo que correspondiente a $3,610 por habitante por año. De acuerdo con una columna publicada recientemente en El Nuevo Día por el Dr. Ibrahim Pérez, en 1974 el gasto en la salud del gobierno de Puerto Rico era de $180 por habitante por año, equivalente a $895 en dólares ajustados por la inflación en 2018. Si se compara en dólares ajustados, el gasto actual es cinco veces mayor que el de 1974. Sin embargo, en el mismo período, la expectativa de vida cayó de ser la #14 más longeva en el mundo a ser la #29 más longeva. El gasto en salud per cápita de Puerto Rico corresponde a la media del gasto en salud per cápita en los países más desarrollados del mundo, pero la calidad de los servicios del sistema de salud de la Isla dista mucho en comparación a la que se provee en estos países desarrollados. En los Estados Unidos, el gasto per cápita es de $10,348, tres veces más que en Puerto Rico. Sin embargo, los costos en Puerto Rico de equipos médicos, medicamentos, mantenimiento de sistemas de récord médico electrónico y otros gastos son iguales o más altos que en el resto de los Estados Unidos. Los costos inflados en la Isla contribuyen a drenar los recursos económicos destinados a la salud. Históricamente, las aseguradoras han enfrentado estos altos costos pagando tarifas excesivamente bajas a médicos, dentistas y a otros proveedores. Estas tarifas hoy resultan insostenibles. Recientemente, un colega cirujano general se quejó por una tarifa de $15 que le ofreció la última iteración de la Reforma de Salud por contestar una consulta en sala de emergencias. Es imposible proveer servicios a tarifas que estén por debajo de los gastos operacionales del proveedor. Recientemente, los dentistas organizaron manifestaciones frente a las oficinas centrales de una aseguradora protestando por las bajas tarifas que reciben por sus servicios. El gobierno se lava las manos ante estos reclamos justos, renunciando a su deber de fiscalizar la relación contractual entre los proveedores de servicios de salud y las aseguradoras. Históricamente, la oficina del Comisionado de Seguros ha defendido los intereses económicos de las aseguradoras sobre los intereses de los proveedores de servicios de salud y sobre los intereses de los pacientes. El actual Comisionado de Seguros de Puerto Rico ocupó su cargo después de ser presidente de una compañía de asesoría a aseguradoras y la comisionada anterior fue vicepresidenta de una aseguradora Medicare Advantage previo a su cargo público.