El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

18 pontificia universidad católica de puerto rico los jóvenes perciben al gobierno, a los partidos y a los políticos muy negativamente. De hecho, los jóvenes encuestados expresaron menos confianza en las instituciones políticas y gubernamentales que en la Iglesia, el comercio, la banca y el sistema económico. Más aún, el 85% estuvo “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” con una premisa que establecía: “El Gobierno de Puerto Rico aporta a mejorar la vida de los ciudadanos.” Igualmente, el 88.6% se manifestó “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” con la premisa que establecía: “Los políticos buscan lo mejor para el país.” Asimismo, el 75% de los jóvenes que formaron parte de lamuestra, estuvieron “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” con la premisa: “El gobierno puede mantener el orden social.” A estos indicadores de la crisis se les suman algunas medidas tomadas por el gobierno que tenían la intención de paliar la situación de los déficits. Entre estas se cuentan el aumento del costo de una serie de bienes y servicios ofrecidos por el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas (particularmente de las utilidades operadas como monopolios públicos); la imposición de nuevos impuestos y el aumento de otros ya vigentes, como el aumento al Impuesto de Valores y Usos (IVU) de 6.5% a 11.5%; la congelación de la negociación de convenios colectivos en el sector público; el retraso en el pago del reintegro de contribuciones sobre ingresos pagadas en exceso; el retraso en el pago a suplidores, entre otras medidas (Center for a New Economy, 2016, May 17). Aun con la implantación de estas y otras medidas similares, el índice de actividad económica en el País ha sido negativo, al menos desde 2013 (Government Development Bank, 2017). El gobierno, bajo dos administraciones distintas, ha incumplido en varias ocasiones con sus obligaciones con los bonistas e intentó, infructuosamente, de aliviar la crisis. Así las cosas, el Gobierno Federal de los Estados Unidos tomó medidas drásticas sobre la situación de la deuda de Puerto Rico. Mediante la firma del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se convirtió en ley el Proyecto del Senado 2328, titulado “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’, comúnmente conocida por sus siglas en inglés como “PROMESA” (Public Law No. 114-187; 48 USC 2101). Mediante este estatuto, se estableció una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico. Esta Junta, cuyos miembros fueron nombrados por el presidente