El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

39 el sistema de función pública en puerto rico: origen, esplendor, crisis y visión de futuro especializadas de la época compararon favorablemente el sistema de mérito establecido por esta ley con los sistemas de recursos humanos más actualizados de Norteamérica (Goodsell: 1978, p. 32). Más aún, algunos estudiosos de la Administración Pública en el País denominan el período entre 1947 y 1968 como el Período de Oro de la Administración Pública en Puerto Rico (Santiago y Robles, 2004, p. 42). Este trabajo sostiene que, más que por los cambios llevados a cabo por este estatuto, se da este período de oro debido al establecimiento de un sistema dominante o cuasi políticamente monopartidista. Este factor promovería la concentración de esfuerzos en el desarrollo de una función pública vigorosa, en lugar de la búsqueda para obtener el poder político. En particular, este ordenamiento legal tenía disposiciones amplias sobre: clasificación de puestos, retribución, reclutamiento a base de exámenes (oposiciones), períodos probatorios, despidos por causa justificada, adiestramientos y capacitación, protección contra discrímenes ilegales, entre otras. De igual forma, establecía una división estructural entre los aspectos técnicos, operativos y de reglamentación del sistema de función pública, los cuales quedaban bajo la jurisdicción de la Oficina de Personal; y aquellos apelativos, los cuales estaban al cuidado de la Junta de Personal (Santiago y Robles, 2005, pp. 40-42). Durante este período, y al amparo de la Ley 345 y de un sistema político que valoraba y protegía la carrera administrativa, quizás en parte por no tener contendores reales por el poder, se desarrolló en Puerto Rico una burocracia altamente cualificada, dedicada y profesional. Igualmente, mediante el establecimiento de corporaciones públicas, se dotó al País de unos recursos humanos altamente competentes en la generación y transmisión de energía eléctrica, el desarrollo de sistemas de acueductos y alcantarillados, el desarrollo de un sistema de telégrafos y la construcción de obras públicas, entre otros. En octubre de 1975, se aprobó en Puerto Rico el cuarto estatuto orgánico sobre la función pública: la Ley Núm. 5. Esta ley definía claramente lo que era el principio de mérito e identificaba sus áreas esenciales. De igual forma, dividía los empleados públicos