El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro
47 el sistema de función pública en puerto rico: origen, esplendor, crisis y visión de futuro (Art. 6.3).” Este cambio legislativo, aunque aparentemente positivo, comenzó a generar dificultades en la administración del sistema de mérito en el País. Al respecto, se plantea en el artículo anteriormente reseñado: …preocupan a los autores varias situaciones que parecen haber surgido de la implantación de este ordenamiento jurídico… Nos parece que algunas de las agencias del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias, tales como algunos municipios, pudieran no contar con los recursos humanos capacitados y con la experiencia necesaria para llevar a cabo este proceso de una forma efectiva y constitucional. Más aún, algunas de estas instrumentalidades gubernamentales están altamente politizadas, lo que aumenta la probabilidad de procesos de reclutamiento y selección violatorios al principio de mérito.” (Pacheco Muñiz y Vera Rodríguez, 2009). De forma similar, en un informe llevado a cabo por el Centro Multidisciplinario de Gobierno y Asuntos Públicos titulado Informe sobre clasificación, retribución y reclutamiento en la Rama Ejecutiva (CEMGAP, 2014) las autoras, Dra. Yolanda Cordero Nieves y la Lcda. Alba Caballero, adscritas a la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, puntualizaban la situación de caos que aquejaba al sistema de mérito en Puerto Rico desde los 90. La metodología del estudio incluyó una encuesta en siete agencias o departamentos y en 11 corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como dos grupos focales y el análisis de datos y documentos de diversas agencias y organismos no gubernamentales, tales como: el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y OCALARH. Entre los múltiples hallazgos del estudio, y en cuanto al reclutamiento de recursos humanos, las investigadoras hallaron que: “Las 18 agencias encuestadas emitieron 3,418 convocatorias entre 2012 y 2013. Apenas el 23% de estas fueron abiertas a competencia pública. En el 77% de las convocatorias emitidas en esos dos años se les permitió competir únicamente a los empleados
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