El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

58 pontificia universidad católica de puerto rico que fueran arrestadas con seis gramos de marihuana o menos. Igualmente, la Orden instruye al Secretario de Justicia y a sus fiscales a promover, en el caso de primeros ofensores, el que se suscriban convenios de tratamiento y rehabilitación con los violadores de la Ley de Sustancias Controladas. En ofensas ulteriores, la ley propone mecanismos de desvío en los que, además del tratamiento, los ofensores declarados culpables o con alegación de culpabilidad, que cumplan con ciertos criterios, paguen unas multas y lleven a cabo servicios comunitarios, en lugar de recibir penas de cárcel (García Padilla, 2015, 15 de septiembre). En contraste con estos puntos conflictivos, la Ley 8 de 2017 sobre el Empleador Único contiene algunas disposiciones que pudieran considerarse como positivas o hasta de vanguardia en la administración de recursos humanos en el sector público. Entre estas se cuentan: a. Aumento en la licencia por paternidad de cinco a 15 días laborables (Sec. 9.1.4). b. Amplía las causales para inhabilitación para laborar, ser contratista en el servicio público o aspirar a cargos públicos para personas que hayan sido convictas, por ser autores o cooperadores en delitos violatorios de disposiciones del Código Penal de Puerto Rico (Ley 8 de 2017, Sec. 6.8). Asimismo, la medida añade las siguientes causas de inhabilitación para el servicio público: fraude (en distintas modalidades, incluyendo cibernéticas); enriquecimiento ilícito; negociación incompatible con el cargo público; aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; falsificación (en distintas modalidades); negligencia en el cumplimiento del deber; usurpación del cargo público, entre otras (Cámara de Representantes, 2017, 27 de enero). Asimismo, estas disposiciones aplicarán sin importar si la persona fuera empleado público o no lo fuera al momento de las violaciones de ley, o si las violaciones de ley se relacionaran o no se relacionaran con fondos públicos (Cámara de Representantes de Puerto Rico, 2017, 27 de enero). De hecho, esta ley transfirió la Junta Consultiva