El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

66 pontificia universidad católica de puerto rico Sobre todo, se promovería la liberalización de fondos para uso del estado mediante la privatización (generalmente mediante venta) de los monopolios paraestatales. vi. La desregulación: Se eliminarían reglas, reglamentos y normativas que tuviesen el efecto de retrasar u obstaculizar la inversión extranjera en la región. Aunque resulte paradójico señalarlo, en este ideario se ha percibido al sector público como un lastre para el desarrollo económico y social del país. De hecho, un examen de muchas políticas públicas implantadas en Puerto Rico desde la década de los 90 dan cuenta de la persistencia de estas ideas en los dos partidos políticos principales que se han alternado en el poder. A este ideario se unió la situación económica y fiscal del País cuyos elementos principales se destacaron en la introducción de este trabajo. Para intentar manejar estas situaciones, el Gobierno de Puerto Rico ha tomado varias medidas, entre ellas, la aprobación de la Ley Especial Declarando un Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo un Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009. Esta Ley tuvo efectos directos en el desarrollo de la función pública, pues supuso la implantación de un plan para el despido de entre 11,000 y 30,000 empleados públicos (la cifra real de estos despidos se encuentra sujeta a disputas o interpretaciones). Asimismo, dejó sin efecto las siguientes acciones de recursos humanos en el sector público: a. Aumentos de salario y beneficios marginales, incluso los negociados en convenios colectivos vigentes. b. Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo. c. Licencias con sueldo para estudio, talleres, entre otros. d. Pagos de matrícula en universidades a empleados y