El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

70 pontificia universidad católica de puerto rico A tono con estas medidas, el 2 de enero de 2017, el gobernador electo, Dr. Ricardo Roselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva 2017 - 001 (Boletín Administrativo OE - 2017 - 001). En la misma, se establecen, como medidas de control fiscal, las siguientes: congelación de puestos vacantes, prohibición de la creación de puestos nuevos, eliminación de puestos de confianza y reducción de gastos gubernamentales, entre otras. Estas medidas, en su mayoría, siguen la tendencia neoliberal discutida hasta el momento, aunque se dan en el marco de las presiones relacionadas con la crisis económica y fiscal que atraviesa el País. Al hacer una evaluación de los cambios llevados a cabo por los estatutos antes discutidos, por un lado, se observa que es necesario administrar la precaria situación económica y fiscal del País; por el otro, se entiende que estas estrategias, lejos de ser adecuadas, pudieran agravar la situación económica de un país que ya tiene una tasa de desocupación cercana a un 12% (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 2017, enero). De hecho, Alameda (en Acevedo et. al. 2016) establece que desde 2006, la economía de Puerto Rico denota un “achicamiento” de su estructura económica, lo cual incapacita los procesos productivos y de distribución (p.785), y establece la pérdida de empleos como una de las variables de dicho “achicamiento”. Más aún, en un anejo a su capítulo en la obra de Acevedo y otros (2016), presenta una tabla comparativa de los recursos humanos en todas las agencias y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre 2001 y 2016. De la misma se desprende que la plantilla de recursos humanos de todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico ha disminuido en 62,472 empleados durante dicho período, sin que esto haya tenido efectos positivos en la economía ni en la situación fiscal del País. En este trabajo se reafirma que la congelación de salarios y beneficios frente al efecto inflacionario y la imposición de medidas contributivas e impositivas adicionales tienen el efecto de reducir el poder adquisitivo de los empleados públicos a largo plazo, y disminuye su capacidad de gasto. Esto podría redundar en una mayor desaceleración de la actividad económica.