El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

84 pontificia universidad católica de puerto rico no advinieron al servicio público de carrera mediante el mérito y la competencia. - Reestructurar la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico para administrar el sistema de mérito, como una agencia independiente del poder ejecutivo. - Crear una Comisión para la Protección del Mérito, tal como la propuesta por el estudio del Centro Multidisciplinario de Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP, 2014). Modelos de otros países, tales como el del U.S. Merit Protection Board, serían de gran ayuda en el diseño de este organismo. Al igual que en el caso anterior, esta institución tendría que ser dotada con amplios poderes administrativos y recursos fiscales. Asimismo, debería tener independencia del poder político y el nombramiento de sus directivos debería ser más amplio que el de los funcionarios electos. De ser posible, sus miembros deberían ser nombrados por una junta de directores y no por el gobernador. Como se ha discutido, la Ley 8 de 2017 establece entre sus definiciones esta agencia, pero no abunda en su estructura, funciones, poderes ni organización. - Capacitar a los altos directivos de las agencias públicas, en especial a los de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico en la “Gestión Estratégica de Recursos Humanos”. Asimismo, estos funcionarios tendrían la obligación de familiarizar con esta temática a legisladores y a la alta dirección del Gobierno de Puerto Rico. - Implantar un sistema de función pública en el que el desarrollo de las políticas, los reglamentos, los planes de clasificación y la retribución de puestos, programas de capacitación y otras áreas relacionadas estuvieran centralizados en la agencia central del gobierno, mientras que su ejecución se diera de forma descentralizada (desconcentrada) en cada agencia o dependencia