El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

95 el sistema de función pública en puerto rico: origen, esplendor, crisis y visión de futuro servicio público a muchos empleados de confianza despedidos por administraciones contrarias a las de su partido, y ha ordenado su reposición, el pago de salarios y beneficios dejados de devengar por estos funcionarios, así como compensaciones por daños. 6 De hecho, el Informe Especial CP-11-07 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico del 28 de abril de 2011 establece, que en 2009, se resolvieron “37 demandas por motivos político-partidistas presentadas contra 11 de las 63 corporaciones públicas”. De las 37 demandas, 12 fueron resueltas en favor de los empleados, 16 en favor de las corporaciones públicas y ocho fueron archivadas por desistimiento o inacción de alguna de las partes. “Dichas demandas fueron presentadas por 147 funcionarios y empleados que objetaron los despidos, las acciones disciplinarias u otras transacciones de personal al alegar que las mismas estuvieron fundamentadas en motivos político-partidistas. El importe reclamado en las demandas ascendía a $155,526,002.” De esta cantidad, las corporaciones pagaron $ 4,967,410.00 en fondos públicos (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 2011). Una situación similar se recoge en el Informe Especial del Contralor DB-11-08 sobre el discrimen político en la Rama Legislativa del País, pero no se discutirá el mismo, pues dichos empleados no están cubiertos por la Ley 184 de 2004. De igual forma, en un libro reciente sobre el discrimen político en Puerto Rico (Cordero Nieves, Caballero Fuentes, Vázquez Irizarry y Segarra Alméstica, 2016) se presenta un capítulo sobre la teoría económica, el discrimen y sus costos. En el mismo, Segarra Alméstica organiza en dos tablas varios informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre los costos de las demandas contra el Estado por discrimen político a empleados públicos. En una de las tablas se presentan las cantidades pagadas por distintas dependencias del Gobierno de Puerto Rico como resultado de sentencias por demandas por discrimen político entre 2003 y 2009. Aunque no todas estas demandas fueron originadas por empleados de confianza, la tabla da una idea de la magnitud del 6 Véanse, por ejemplo, las decisiones de los siguientes casos: Ramos Villanueva v. Secretario de Comercio (112 DPR 514), Colón v. CRUV (115 DPR 503) y Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala (125 DPR 486).