El sistema de función pública en Puerto Rico: origen, esplendor, crisis y visión del futuro

97 el sistema de función pública en puerto rico: origen, esplendor, crisis y visión de futuro Fuentes, profesora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, quien plantea que la toma de estas decisiones por el Tribunal Supremo: … constituye una derogación tácita de las disposiciones de la Ley de Personal y trastoca la naturaleza del servicio de confianza como servicio político. Quienes aceptan las prerrogativas del servicio de confianza deben aceptar sus riesgos. Las garantías, la protección tiene que ser para los empleados de carrera. Al adoptar la jurisprudencia federal. (Elrod v. Burns (427 U.S.347 (1976); Branti v. Finkel, 455 U.S. 507 (1980); Rutan vs. Republican Party, 497 U.S. 62 (1990), el Tribunal Supremo convierte en letra muerta y deroga tácitamente las disposiciones de la ley de personal relativas al libre nombramiento y a la remoción de los empleados de confianza. A estos no les debe estar permitido reclamar derechos de empleados de carrera, pues no lo son. (Caballero Fuentes, 2007: pp. 48 - 49). Se ha especulado que el Tribunal Supremo de Puerto Rico cambió su postura respecto de los empleados de confianza, porque la mayoría de los reclamantes, empleados de confianza despedidos después de una elección general, estaban acudiendo al foro federal a tratar de reivindicar sus derechos debido a las decisiones de Branti, Rutan y otros. Ellos entendían que tenían más oportunidades de prevalecer en dicho foro. 7 Esta situación de los empleados de confianza en el país se repite cada vez que en una elección general se escoge a un partido político distinto al que está en el poder. De hecho, como resultado de las elecciones del 8 de noviembre de 2016, se dio un cambio en el partido político que gobernaba al País. De inmediato, la prensa comenzó a exponer casos de despidos de empleados de confianza 7 Vázquez Irizarry (2012), señala en su artículo las razones por las cuales los empleados públicos despedidos por alegado discrimen político tienden a acudir al tribunal federal para reivindicar sus derechos.