Resumen Ejecutivo Existe consenso entre las organizaciones internacionales sobre la urgencia de combatir la corrupción en todas sus modalidades. Desde la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la corrupción socava el desarrollo sostenible y contribuye significativamente a la pobreza, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, socava la cohesión social y consume recursos que podrían canalizarse hacia el bienestar general. Por ejemplo, los empleados fantasmas en un sistema educativo o los sobornos para adquirir contratos educativos debilitan la eficacia de la inversión en la educación. Por otro lado, funcionarios públicos pueden introducir exenciones contributivas u otras oportunidades para eludir impuestos a cambio de sobornos, lo que reduce el potencial de recaudos y la capacidad de financiar iniciativas de desarrollo económico sostenible. En otras palabras, el costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero robado o perdido (Mauro et al., 2019). Por tal razón, medir el costo económico total de la corrupción en dólares es un ejercicio complejo. No obstante, en la literatura académica se han utilizado modelos de regresión para estimar el impacto económico de la corrupción en diversos países. En dicha literatura, también se enfatiza que la corrupción es el síntoma de un problema mayor: un débil marco institucional. Fortalecer el marco institucional implica establecer y fortalecer una buena gobernanza en las instituciones públicas. Esto incluye factores como participación
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