El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico i. introducción La corrupción es un problema social que puede tomar muchas formas. Usualmente se define como el abuso del poder público para beneficio personal en actividades, por ejemplo, como los sobornos, la apropiación de fondos públicos o procesos de compra y contratación de servicios en el gobierno donde se favorece a amigos, familiares o socios comerciales (Banco Mundial, 2021). En otras palabras, la corrupción puede distorsionar cómo funcionan las instituciones gubernamentales y quién las controla. Existe consenso entre las organizaciones internacionales sobre la urgencia de combatir la corrupción en todas sus modalidades. El Banco Mundial (2021) considera que la corrupción es un desafío importante para alcanzar su objetivo de acabar con la pobreza extrema para 2030. Similarmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacen referencia específica a combatir la corrupción como parte del ODS 16 y sus metas sobre reducir el soborno, fortalecer las instituciones y acceder a la información; también como condición vital para el logro de todas las demás metas (Cruz-Osorio, 2020). Desde la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la corrupción socava el desarrollo sostenible y contribuye significativamente a la pobreza, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, socava la cohesión social y consume recursos que podrían canalizarse hacia el bienestar general (Cruz-Osorio, 2020).
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