56 pontificia universidad católica de puerto rico vi. conclusión y recomendaciones La evidencia estadística sugiere que, si Puerto Rico hubiera logrado estabilidad en la capacidad institucional de su gobierno y la calidad de su gobernanza durante la década de los 2000 y continuando hasta el presente, la depresión económica 2006-2017 pudo haber sido menos profunda, y hoy estaríamos más cercanos a retornar a niveles precrisis. Por ejemplo, se estimó que el deterioro de la capacidad del país para controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7.4 mil millones, o en promedio $527 millones anuales. En el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $11.6 mil millones, o en promedio $1,289 millones anuales. Con este estimado se tiene una idea aproximada de la magnitud del impacto económico de los problemas de gobernanza en la Isla y, por tanto, la importancia de buscar soluciones a los mismos. La literatura sugiere que las soluciones están relacionadas con fortalecer la capacidad y efectividad del gobierno o, en otras palabras, fortalecer el componente público del marco institucional. Fortalecer este marco institucional y combatir la corrupción se vuelve más urgente al considerar la cuantiosa cantidad de fondos federales de reconstrucción que la Isla espera recibir en los próximos años. Para asegurar que los fondos federales de reconstrucción tengan el efecto que se desea en la recuperación económica, el CNE (2020) propone lo siguiente: (1) una práctica sistemática de transparencia seria, donde se comparta públicamente la forma en que se seleccionan los contratos y se conciben las políticas públicas; (2) una estructura de gobernanza que alinee sus acciones con indicadores específicos y permita la evaluación continua y la toma de decisiones basadas en evidencia; (3) un compromiso claro de regirse por principios de un gobierno abierto para fomentar la participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas del gobierno y responder a las necesidades de la comunidad; y
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