De los desafíos a la esperanza: propuestas de la PUCPR para una nueva gobernanza

111 de los desafíos a la esperanza: propuestas de la pucpr para una nueva gobernanza de confianza de nuestro gobierno. Se recomienda que los miembros de este servicio pertenezcan a una nueva agencia independiente, y no a cada agencia gubernamental en particular. Los funcionarios deberán aprobar un programa riguroso de gerencia gubernamental de dos años, el cual será ofrecido por una entidad extragubernamental. Luego, los candidatos serán seleccionados para cada agencia mediante el uso de técnicas avanzadas de selección de personal. Los miembros de este sistema de alta dirección devengarán salarios comparables con sus contrapartes en la empresa privada. De igual forma, sus ejecutorias y logros serán evaluados continuamente con base al logro de medidas específicas de ejecución y calidad. Por otro lado, y al hilo del tema de los empleados de confianza, en las leyes de recursos humanos del país históricamente se han distinguido dos subcategorías de estos empleados: la primera, está compuesta por los empleados que formulan políticas públicas o que colaboran sustancialmente con su formulación, tema que ya se ha atendido con la recomendación de la creación de un sistema de alta dirección pública. La segunda, está compuesta por empleados que le rinden servicios directos a la autoridad nominadora (jefe de la agencia) tales como algunos choferes, secretarias, ayudantes especiales, personal de limpieza, chefs, etc. Desde una perspectiva del fortalecimiento del sistema de mérito en la Isla, no se justifica el nombramiento de este tipo de empleados, por lo cual deben formar parte del sistema de méritos. c. la adopción de procesos gubernamentales más accesibles, abiertos y participativos El mejor desinfectante contra la corrupción es la supervisión ciudadana de los procesos gubernamentales. Hace falta adoptar leyes y reglamentos efectivos de acceso a los datos y a la información pública por parte de los ciudadanos. Estos deben estar acompañados de una capacitación adecuada de los empleados y funcionarios públicos para pasar efectivamente de una cultura de la secretividad en los procesos gubernamentales, a una cultura de democracia y apertura. A su vez, la sociedad civil deberá desarrollar instituciones y profesionales capaces de evaluar estos datos e información y divulgarlos adecuada y oportunamente a la ciudadanía.