De los desafíos a la esperanza: propuestas de la PUCPR para una nueva gobernanza
119 de los desafíos a la esperanza: propuestas de la pucpr para una nueva gobernanza Aquí cabe recordar los disloques sociales y económicos que ha dejado en el país la implementación generalizada de la llamada Reforma de Salud de 1994, y sus corolarios, así como las controversias que trajo la implementación generalizada de un sistema de foto-multas a través de la Isla. Estos dos casos son ejemplos de los grandes retos que puede provocar la implementación generalizada de políticas públicas en contraposición al sistema de proyectos piloto aquí propuesto. 6. reformando la ley de ética gubernamental La creación de la Ley de Ética Gubernamental y el establecimiento de una Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico fueron pasos de avance en la promoción de unos organismos gubernamentales más éticos, transparentes y resistentes a la corrupción. Entre los avances generados por este estatuto se destaca, en primer lugar, la autoridad de la Oficina de Ética Gubernamental para solicitar, examinar y auditar los informes financieros de los candidatos a puestos electivos: el gobernador, el contralor, los miembros de la asamblea legislativa, los miembros de la rama judicial, los miembros del poder ejecutivo y otros funcionarios mencionados en el artículo 5.1 de la ley. Igualmente, la ley establece un código de ética para servidores públicos y para exservidores públicos. Asimismo, dota a la OEG de amplios poderes de reglamentación, investigación y adjudicación en materias relacionadas a la ética gubernamental y a faltas a ella. De hecho, este organismo gubernamental ha ejercido ampliamente su facultad de imponer multas y de crear remedios administrativos para disuadir actos de corrupción y faltas de ética en el desempeño de empleados y funcionarios públicos. De forma similar, esta ley establece requisitos de formación o educación continuada en materia de ética gubernamental de 20 horas en dos años para los funcionarios del poder ejecutivo y de 7.5 horas para toda persona nominada a ocupar un puesto que requiera el consejo y consentimiento de la asamblea legislativa de Puerto Rico. También, la ley establece prohibiciones relacionadas con la contratación de familiares, así como unos períodos en los cuales un exservidor público no puede tener relaciones contractuales ni de negocios con personas u organizaciones reguladas por la organización con la cual laboró o con las cuales se relacionó durante su trabajo en el gobierno. En estos casos,
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