De los desafíos a la esperanza: propuestas de la PUCPR para una nueva gobernanza

60 pontificia universidad católica de puerto rico d. la política pública de estímulo empresarial privilegia los incentivos a grandes empresas extranjeras, sin un buen sistema de monitoreo del impacto y de los resultados; e. impulsar un esfuerzo concertado y masivo de creación de puestos de trabajo digno, con salarios que permitan superar la pobreza; f. colocar la reducción de la desigualdad como objetivo central de la estrategia de recuperación. 3. medidas sugeridas por organizaciones comunitarias Una de las organizaciones comunitarias que se ha propuesto combatir la pobreza infantil en Puerto Rico es “Los Hijos de Borinquen”. Tan reciente como septiembre de 2020, esta agrupación elaboró un manifiesto mediante el cual hacen un llamado a los administradores públicos a atender este mal que experimentan muchos niños, jóvenes y familias. (Germocén, 2020) Específicamente la organización reclama “planes, propuestas, proyectos y recursos que nos permitan superar la pobreza infantil de forma integral. Promover un cambio social requiere compromiso a largo plazo… estamos conscientes de que la pobreza no es algo que se arreglará de la noche a la mañana. Existen datos y estudios que explican claramente lo que hay que hacer. Solo hace falta voluntad y compromiso de quienes aspiran a dirigirnos. (Germocén, 2020) Con el mismo objetivo, el Instituto del Desarrollo de la Juventud presentó en 2019 el estudio Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer. (Enchautegi, Rosa y Arroyo, 2019) El estudio propone diez medidas que podrían reducir la pobreza infantil en un plazo de 10 años, “donde uno de cada tres niños podría salir de la pobreza”. (Enchautegui, Rosa y Arroyo, 2019) Según el estudio, el no atender la pobreza infantil le cuesta al país $4,418 millones anuales. Este costo representa el 4.3% del producto nacional y un costo per cápita por niño pobre de $11,536. En contraste, atender la pobreza infantil requeriría una inversión máxima de apenas $2,700 millones anuales por 10 años. (Enchautegi, Rosa y Arroyo, 2019)