la democracia puertorriqueña y su sistema electoral 53 Producto de aquel esfuerzo de 1999 y de la Comisión de 2003 que se nombró, se estableció por ley el concepto de que los fondos públicos son para el acceso del ciudadano a sus opciones políticas, no son en sí para los partidos políticos.54 La Comisión del 2003 para la Revisión del Financiamiento de las Campañas Políticas rindió su Informe y se creó el Fondo Voluntario de Pareo Electoral, en adición al Fondo Electoral, el cual permanece con otro nombre hasta el día de hoy.55 El financiamiento público es una oportunidad de hacerle justicia a los ciudadanos de menos recursos para ser partícipes de sus alternativas con igualdad. Los ricos siempre aportan para el financiamiento y hay que estar alerta a sus consecuencias, es a través del fondo público que los ciudadanos de menos recursos pueden empatar esa pelea. La opinión de los jueces Stevens y O’Connor en el caso de McConnell v. FEC explica y documenta los efectos del dinero en la política con gran elocuencia.56 Entiendo que debemos tener los hechos y el derecho claros antes de llegar a conclusiones. Veamos. a. el estado de derecho El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha intervenido directamente en este campo fijando unas fronteras jurídicas a las acciones del Estado e invalidando esquemas que no se ajusten a su visión del derecho a la expresión y a la asociación según su interpretación.57 Esa línea de decisiones puede ser objeto de visiones alternas en cuanto a su sabiduría, pero ese es el estado de derecho aplicable y el cual venimos obligados a respetar. La interpretación de los derechos fundamentales que hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en cuanto a los ciudadanos, aplica a Puerto Rico en igual o mayor dimensión. 54 Ver Acevedo, Cuprill, Fernós, Hernández Agosto, Paniagua, Informe de la Comisión Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales 4 de abril de 2003. 55 Ibid. La Lcda. Mangual renunció a la Comisión antes de rendir su Informe. 56 Los grandes contribuyentes daban dinero a los partidos Demócrata y Republicano y a los “incumbentes”. Ver McConnell v. Federal Election Commission, 540 U.S. 93 (2003). 57 Ver Lowenstein y Hansen, Election Law, supra, Págs. 676-874 y los ensayos de Samuel Issacharoff, On Political Corruption 124 Harv. L. Rev 118(2010), el de Kathleen Sullivan, Two Concepts of Freedom of Speech, 124 Harv. L. Rev. 143(2010) y de los editores de la revista: Note Restoring Electoral Equilibrium in the Wake of Constitutionalized Campaign Finance 124 Harv. L Rev. 1528 (2011).
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