56 cuarenta años, la católica cumpliendo su deber democrático con p.r. expresado un principio de igualdad electoral de vertientes más extensas o diferentes a las contempladas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.61 El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sostenido hasta el presente la doctrina de Buckley, ver McConnell v. Federal Election Commission 540 U.S. 93 (2003). En el reciente caso de Citizens United v. FEC 558 U.S 310 (2010), el Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió el concepto de gastos ilimitados para incluir a las corporaciones y grupos independientes. De esta forma eliminó las restricciones que se habían legislado para restringir la intervención de grupos adinerados que no van a la papeleta, pero que, a través de anuncios, influyen de manera determinante en las campañas electorales. Actualmente este se ha convertido en un grave problema para la democracia americana donde la mayoría de las contribuciones van a estos grupos ficticiamente no coordinados y una cantidad mayor a los candidatos que sí van a la papeleta. Esta última decisión en el caso de Citizens United fue duramente criticada por los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el 2008, por erosionar el poder político de los ciudadanos y los partidos políticos hacia los intereses financieros que no figuran en la papeleta, pero desean controlar el proceso político debilitando la 61 Ver los casos de PSP v. Pérez 110 D.P.R. 313(1980) (sentencia), PNP v. Tribunal Electoral 104 D.P.R. 741 (1976), PRP v. ELA 115 D.P.R. 628 (1984), PPD v. Rosselló 139 D.P.R.643 (1994), Frente Unido Riograndeño v. CEE 150 D.P.R. 611 (2000); en EUA ver First National Bank of Boston v. Belloti 435 U.S. 765 (1978), Citizens Against Rent Control v. City of Berkeley 454 U.S. 290 (1981), Federal Election Commission v. National Right to Work Committee 459 U.S. 197 (1982) Brown v. Socialist Workers Party459 U.S. 290(1982),Federal Election Commission v. National Conservative Political Action Committee.(NCPAC) 470 U.S. 480 (1985), Federal Election Commission v. Massachusetts Citizens for Life 479 U.S.238 (1986), Austin v. Michigan Chamber of Commerce 494 U.S.652 (1990), Colorado Republican Federal Campaign Committee v. Federal Election Commission 518 U.S. 604 (1996), Nixon v. Shrink Missouri Goverment PAC 528 U.S. 377(2000), Federal Election Commission v. Colorado Republican Campaign Committee 533 U.S. 431(2001) McConnell v. FEC 540 U.S. 93 (2003) Randall v. Sorell 548 U.S. 230 (2006), FEC v. Wisconsin Right to Life 551U.S. 449(2007), Davis v. FEC 127 S. Ct. 2197, (2008) y Citizens United v. FEC 130 S. Ct. 876 (2010) y Arizona Free Enterprise Club v. Bennet 564 U. S. (2011). Además ver Informe del Comité Evaluador del Financiamiento de De Campañas Políticas del 30 de septiembre de 1999, Informe de la Comisión Especial para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico, 17 de mayo de 1982, a las págs. 81 y 82; Ver también Informe Final de la Comisión Especial para el Financiamiento de Campañas Electorales de 4 de abril de 2003.sobre este tema ver, Mann et al, eds. Campaign Finance Reform a Sourcebook Brookings, Wash, DC (1997), (2003), Slabach, eds, The Constitution and Campaign Reform, Carolina Academic Press, N.C. (1998), Tribe, American Constitutional Law, 2nd. Ed. Foundation Press, N.Y. (1988) en adición Isacharoff, Karlan y Pildes, The Law of Democracy, University Casebook Series, Fourth Edition, (2012) Lowenstein, Hasen y Tokaji , Election Law, Cases and Materials, Carolina Academic Press, N.C., Fifth Ed. (2012) (Supp.2015) págs. 550 a 948, en especial págs. 875 a 912.
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