58 cuarenta años, la católica cumpliendo su deber democrático con p.r. accountable actors are under the most restrictions regarding their ability to raise, gather, and spend money because of contribution limits and disclosure requirements. At the same time, others can spend unimpeded by FEC contribution caps and can even hide behind Orwellian-named organizations that are fronts for aggregations of individuals or corporations attempting to influence electoral outcomes. Though the Court likely would not have created it in the first instance, this system is the logical extension of its jurisprudence.63 En el caso de Arizona Free Enterprise Club‘s Freedom Club PAC v. Bennet del 27 de junio de 2011, se invalidó el esquema de compensar a los que se acogen a fondos públicos con los gastos comparables de los que solo levantan fondos privados. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por voz de su presidente John Roberts, dejó claro que el marco constitucional no permite en su visión igualar las voces de los candidatos. Entiende que ello corresponde al libre flujo de las campañas y al acceso a fondos. 64 En el caso de McCutcheon v FEC del 2 de abril de 2014 el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó por inconstitucional los límites agregados a los donativos políticos que tenía la ley federal ampliando así la influencia de los grandes donantes en el proceso político.65 Dado que la invalidación se hizo a base de los derechos de libre expresión, que son derechos fundamentales, la misma se aplica a Puerto Rico. En términos prácticos, el que tiene o levanta fondos con facilidad, o tiene grupos adinerados de intereses amigos, sale muy favorecido. Es una transferencia de la igualdad de la urna a la desigualdad de quien tienen más fondos Es como si en un debate le dieran el triple de tiempo a un candidato frente a los demás. En el marco constitucional de Puerto Rico las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los derechos básicos del ciudadano, como lo es la libertad de expresión, aplican a Puerto Rico. Por tanto, estas decisiones son ley en cuanto a nuestro sistema electoral y condicionan nuestra democracia. 63 Note, Restoring Electoral Equilibrium in the Wake of Constitutionalized Campaign Finance, 124 Harv. L Rev. 1528, 1544 (2011). 64 Ver Arizona Free Enterprise Club v. Bennet 564 U. S. ____ 131 S.Ct. 2806 (2011) slip opinion págs. 24, 25. 65 Ver McCutcheon v Federal Election Commission 572 U.S. _____134 S. Ct. 1434 (2014).
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