Cuarenta años, La Católica cumpliendo su deber democrático con Puerto Rico

84 cuarenta años, la católica cumpliendo su deber democrático con p.r. ese mismo día y el mismo gobernador que lo nombró lo refirió al Departamento de Justicia para posible radicación de cargos criminales. Dicho juez fue convicto de varios delitos y cumple sentencia. Su sucesor no fue sometido al aval de la Comisión y es, desde 1983, el único presidente con el apoyo solamente del partido de gobierno. Antes era el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico designado por la mayoría de los jueces actuales. El 19 de noviembre de 2019, último día para aprobar medidas legislativas, ambos cuerpos aprobaron a toda prisa el P. del S. 1314 para cambiar radicalmente el proceso electoral en Puerto Rico y asegurar que el partido en el poder mantuviera su control sobre el organismo electoral. Delega el nombramiento en la misma mayoría del Tribunal Supremo cuyo control obtuvo según describimos anteriormente. Es decir, el poder judicial controlando el poder electoral directamente y creando una controversia de separación de poderes y de ser juez y parte a la misma vez. La esencia de un proceso electoral es su credibilidad. Ella es la que motiva a los electores a votar confiados en que su voto se va a contar como emitido y que tendrá el mismo valor que los demás. Les permite a los electos requerir respeto a sus triunfos y a los derrotados aceptar el veredicto de las urnas. Si se vulnera la integridad del proceso alterando los resultados, o permitiendo que electores que no tienen derecho a votar decidan las elecciones, se mina su credibilidad y confianza. Se pretende legislar, unilateralmente, una ley que debilita o elimina cada una de las garantías del proceso electoral. El proyecto elimina la intención del elector como fundamento y los recuentos en elecciones cerradas, permite que personas que no vivan aquí voten ausente sin tarjeta electoral, sin funcionarios de colegio, sin entintado. Descarta las máquinas de contar votos que acabamos de comprar en treinta millones de dólares y le quita garantías de privacidad e integridad al voto de encamados y de la policía. Obliga al voto por Internet del voto ausente y luego a todo el país. El Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. acaba de aprobar, con apoyo bipartita, un informe que cataloga dicho tipo de voto como un

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