Koinonía 2007-2008
Libertad de educación para Puerto RIco 104 los ciudadanos, tanto individualmente como a través de las formaciones sociales. De este respeto por la iniciativa autónoma de la sociedad civil, se mide el nivel de democracia de un Estado. Entre las libertades que la sociedad civil tiene derecho a ejercer, y el Estado tiene el deber de garantizar, una de las más importantes es la libertad de educación. Son los padres los que tienen el derecho de educar a sus hijos, de elegir la formación que quieren dar a sus hijos. Además, sólo respetando la elección de los padres el Estado respeta el pluralismo cultural . Pues no existe una verdad de Estado, ni una ética de Estado, ni una religión de Estado, ni tampoco una educación de Estado: sólo respetando el pluralismo cultural el Estado es verdaderamente laico . 2. Condiciones para una real libertad de educación Para que el ejercicio de la libertad de educación sea efectivo, hacen falta algunas condiciones: a) En primer lugar, hay que superar el prejuicio según el cual solamente los servicios proporcionados por el Estado serían servicios públicos; en cambio, “público” no significa “estatal” . A menudo se escucha decir que la actividad de personas o formaciones sociales, siendo “particular”, no puede tener una finalidad de interés general; en cambio, también un sujeto privado puede desarrollar una acción de utilidad pública (¿quién se atrevería a sostener que los centros creados por Sor Isolina Ferré, siendo privados, no ofrecen un servicio público?). b) En segundo lugar, hay que reconocer francamente que el hecho de conceder subvenciones públicas solamente a las escuelas estatales representa una grave discriminación con las escuelas no estatales . Y esto, en un dúplice sentido: por un lado, porque compromete la libertad y la responsabilidad de las familias en la educación de los hijos; por otro lado, porque impide una sana competencia entre las distintas realidades educativas, obstaculizando su desarrollo cualitativo y encerrando la formación en esquemas rígidamente burocráticos. Para superar esta discriminación, doblemente dañina, hacen falta medidas legislativas que establezcan la concesión de subvenciones públicas de manera que los padres puedan elegir las escuelas para sus propios hijos con plena libertad, según su conciencia; en cambio, se viola esta libertad cada vez que los padres se ven
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