Proyecto de unidad... | julio 2020

7 Sin resultados la Ley Promesa para balancear la deuda pública Tresabogadosanalizan la JuntadeSupervisiónFiscal ysus implicacionesenPuertoRico A cuatro años de que el Congreso de Estados Unidos nombrara la Junta de Supervisión Fiscal para enderezar las finanzas de la deuda pública en Puerto Rico, continúan en el ojo público las medidas de eficiencia operacional y económica en el país impuestas por el polémico organismo. El debate en cuanto a los planes fiscales, los cambios en el aparato gubernamental, la renegociación de la deuda pública, el pleito y el pago a los bonistas así como las determinaciones del gobierno de Puerto Rico frente a la Junta, de cara a las elecciones en la Isla y en Estados Unidos, fueron vistos desde otro enfoque por tres abogados expertos en este tema. Durante el conversatorio Washington y la Junta de Supervisión Fiscal , el profesor de Derecho, Lcdo. Rafael Cox Alomar; el Lcdo. Rolando Emmanuelli, abogado y doctor en Derecho; y el Lcdo. Roberto Maldonado, los últimos dos litigantes del caso PROMESA, plantearon hacia dónde se encamina Puerto Rico y su relación con Washington. El Lcdo. Cox Alomar recalcó que se requiere de voluntad política para luchar por la descolonización de Puerto Rico. “PROMESA, sin lugar a dudas, no solo ha dejado al descubierto la indefensión colonial de Puerto Rico, sino también la evidente incapacidad de nuestra clase política para articular de forma estratégica e inteligente una nueva ruta para este país, preconizada sobre el despegue económico y la descolonización político-constitucional. Urge trazar una gran concertación nacional que rebase el estrecho atrincheramiento partidista para, desde ahí, recabar con arrojo un nuevo entendimiento con Washington sobre la base de la dignidad del pueblo puertorriqueño” afirmó. Por su parte, el Lcdo. Rolando Emmanuelli, quien es uno de los litigantes del caso PROMESA en el Tribunal Federal, discutió el alcance del caso UTIER v. Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico y la viabilidad de la Ley PROMESA para alcanzar sus objetivos. “Para que la Junta de Supervisión Fiscal culmine sus funciones en Puerto Rico se requiere que alcance 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables. La Junta se empeña en políticas de austeridad que no permiten crecimiento económico. Sin crecimiento no podrán lograrse los presupuestos balanceados y mucho menos acceso a los mercados. Van 4 años y no se ha logrado el primer presupuesto balanceado. Mientras tanto, la Junta decide todas las políticas fiscales y los presupuestos. Esto agudiza el problema político de Puerto Rico que carece de principios mínimos de gobernanza democrática”, expresó. Mientras, el Lcdo. Roberto Maldonado, también litigante en el caso PROMESA, manifestó “Ante los Estados Unidos no tenemos poderes reales para atender, desde nuestras perspectivas, nuestros problemas para que podamos construir un contrato socioeconómico y político en el que se cumplan las promesas de nuestra Carta de Derechos constitucionales y el deseo de todos de poder contar con una vida digna en Puerto Rico”. El Lcdo. Rafael Cox Alomar recalcó que se requiere de voluntad política para luchar por la descolonización de Puerto Rico.