Revista Horizontes: primavera/otoño 2013 | Año LVI-LIX Núms. 108-115

puertorriqueños no conocen la historia de Estados Unidos y constantemente acuden al Congreso a exigir que este cuerpo decida su estatus político. Unos piden la estadidad federada y otros la independencia. El Congreso no toma acción al respecto puesto que nunca ha creado un estado. El Congreso no ha tomado acción al respecto porque según la trayectoria histórica de Estados Unidos, es a los habitantes de cada lugar a quienes les corresponde escoger y determinar por sí mismos su estatus político. Luego, los puertorriqueños acuden a la ONU, y obtienen el mismo resultado. Parece ser que los puertorriqueños que acuden al Congreso y a la ONU desconocen la posición de ambos organismos en cuanto al estatus de Puerto Rico. Estados Unidos ha dejado ver claro que es al pueblo de Puerto Rico a quien le corresponde decidir su estatus, mientras que la ONU ya resolvió el caso de Puerto Rico en 1953. Los presidentes de Estados Unidos han mostrado sus posturas en cuanto al estatus de Puerto Rico. Históricamente, la gran mayoría ha favorecido la libre determinación de los puertorriqueños y han facilitado el proceso de descolonización. Por mencionar algunos, el Presidente Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, mediante la Orden Ejecutiva No. 6726 del 29 de mayo de 1934 transfirió la administración de Puerto Rico del Departamento de Guerra al Departamento de lo Interior. El Presidente John F. Kennedy, el 25 de julio de 1961 el emitió un Memorando dirigido “a todos los departamentos, agencias y oficiales de la rama ejecutiva del gobierno federal” con el propósito de anular la Orden Ejecutiva del Presidente Roosevelt y establecer que a partir de ese momento los asuntos relacionados entre Puerto Rico y Estados Unidos serían tramitados directamente a través de la Oficina del Presidente y el Congreso. “This order [refiriéndose a la del Presidente Roosevelt] no longer applies to Puerto Rico”. El Presidente Kennedy reconoció la relación establecida entre Puerto Rico y Estados Unidos en 1952 como una por mutuo acuerdo: “The Commonwealth structure, and the Relationship to the United States which is in the nature of a compact, provide for self- government in respect of internal affairs and administration, subject only to the applicable provisions of the Federal Constitution, the Puerto Rican Federal Relations Act, and the Acts of Congress authorizing and approving the constitution.” (Kenendy, 1964). Con este Memorando, el Presidente Kennedy quedaba claro que Puerto Rico cesaba de estar sujeto a la administración de una agencia o departamento federal. Más adelante, el Presidente Lyndon B. Johnson manifestó su apoyo al estatus autonómico y a la libre determinación de los puertorriqueños. Aprobó la ley del Congreso 88-271 (78 Stat.17) de 1964 que autorizó la creación de una Comisión sobre el Estatus de Puerto Rico , nombró siete de los trece miembros de la Comisión (nombrando el Gobernador de Puerto Rico a los restantes seis) y se mostró sumamente satisfecho con los trabajos que se realizarían: “I am especially pleased that the initial meeting of the United States- Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico is being held in the White House , ” manifestó el Presidente desde Casa Blanca el 9 de junio de 1964, al inaugurar la primera sesión de la Comisión (Woolley and Peters, 2010). Caracterizó la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos como una de mutuo acuerdo y se manifestó a favor de que esta relación continuara: “I welcome this opportunity to express my own deep personal interest in the work you are undertaking warmth and mutual understanding have characterized the relationship between the people of Puerto Rico and the people of the United States. I am confident this will continue.” De igual forma, reiteró su compromiso y apoyo con la Comisión : I am no stranger to Puerto Rico. I have had numerous occasions to meet, to learn to know, and to have admiration and affection for Puerto Rico. I will follow your work closely. And I pledge to your Commission the full cooperation of the executive branch of the Government in your efforts.” El Presidente Gerald Ford, en cambio, ha sido uno de los pocos presidentes en asumir una postura contundente hacia una de las tres fórmulas de estatus, mostrándose abiertamente en apoyo a la estadidad federada. Por tanto otro lado, los Presidentes George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama han mantenido la postura tradicional del ejecutivo federal en tanto a respetar la libre determinación de los puertorriqueños y han expresado aceptar cualquiera que sea su decisión, insistiendo en que es a ellos, a los puertorriqueños, a quienes les corresponde definir su estatus político, no al Congreso ni al Presidente. Los tribunales federales también han sido claros. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ( United States District Court for the District of Puerto Rico ), en Mora v. Torres , 113 F. Supp. 309, affirmed 206 F. 2 nd 377 (1953) expresó claramente que Puerto Rico no es un territorio de Estados Unidos: It has been held that under the new compact Puerto Rico is no longer a possession, territory or dependency [of the United States] but enjoys self-government and has a government which is no longer a Federal Government agency exercising delegated powers.” El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito ( United States Court of Appeals for the First Circuit , conocido también como Primer Circuito de Boston, por su sede en esta ciudad y por estar Puerto Rico circunscrito a éste) fue contundente al decir, en el caso Córdova v. Chase Manhattan Bank , 649 F.2d 36 (1 st Cir. 1981), que Puerto Rico no está sujeto a la “Clausula Territorial” como argumentan muchos puertorriqueños y estadounidenses: “And the federal government’s relations with Puerto Rico changed from being bounded merely by the territorial clause, and the rights of the people of Puerto Rico as the United States citizens, to being bounded by the United States and Puerto Rico Constitutions, Public Law 600, the Puerto Rican Federal Relations Act and the rights of the people of Puerto Rico as United States citizens.” Finalmente, en Rodríguez v. Popular Democratic Party , 457 U.S. 1 (1982), el Tribunal Supremo de Estados Unidos ( The horizontes@pucpr.edu Años LVI-LIX Núms. 108-115 Horizontes – primavera / otoño 2013-2016 69