Democracia, Transparencia, Participación y Bien Común

88 actas del cuarto congreso católicos y vida pública defensa, la moneda, la inmigración, etc. se gobernarían por los Estados Unidos, de conformidad con la ley de relaciones federales que también fue aprobada por el pueblo en el referéndum. Mediante este proceso Puerto Rico se convirtió en un Estado Libre Asociado. “El sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña”, proclama el preámbulo de la Constitución. Y sigue diciendo: “que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.” La instrumentación del sistema democrático establecido en la Constitución toma tres vertientes. El primero, la democracia directa en que la ciudadanía participa directamente en la toma de decisiones. Esto lo requiere el Art. VII en cuanto a enmiendas a la Constitución previamente aprobadas por dos terceras partes de la Legislatura y sometidas al pueblo mediante referéndum. La decisión del pueblo en el referéndum tiene efectos jurídicos generando automáticamente la enmienda a la Constitución. La Constitución también permite a la Legislatura someter al pueblo asuntos mediante referéndum o plebiscito, con el propósito de que este exprese su voluntad sobre cualquier tema que lo amerite, pero sin efectos jurídicos. Bajo este poder nuestra Legislatura ha sometido mediante plebiscitos la cuestión del estatus político al pueblo de Puerto Rico en varias ocasiones, a partir del 1967. Solo el plebiscito de 1967 generó una respuesta aunque inconclusa –el Nuevo Pacto– del Presidente de los Estados Unidos y del Congreso. Los otros fueron ejercicios estériles. Al debatirse la Constitución en la Asamblea Constituyente no se aceptaron la iniciativa y la revocación de mandato, dos formas de democracia directa que prevalecen en otros países y en varios Estados de la Unión. La iniciativa muy utilizada en California permite a cierto número de ciudadanos presentar proyectos de ley para ser votados directamente por los ciudadanos del Estado y de esta forma convertirse en leyes. La iniciativa se practica en 24 Estados de la Unión. La revocación de mandato, en inglés llamada “recall”, permite a cierto número mínimo de ciudadanos convocar al electorado a una votación para terminar el mandato de un funcionario electo, bien legislador o ejecutivo, como un alcalde o un gobernador. En los Estados Unidos 17 Estados y el distrito