De los desafíos a la esperanza: propuestas de la PUCPR para una nueva gobernanza

147 de los desafíos a la esperanza: propuestas de la pucpr para una nueva gobernanza elegidos” a cargos públicos. (Contreras y Montecinos, 2019, p.179) La experiencia de los últimos años, incluidas las protestas que forzaron la salida de un gobernador, la emergencia de nuevos movimientos políticos y la activación de colectivos comunitarios, son muestra del descontento y distanciamiento entre las actuaciones y decisiones gubernamentales con los intereses y reclamos de la ciudadanía, además de las deficiencias en la transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre la gestión de los gobernantes. Este enfoque provoca, como se ha palpado, desgaste en el orden social, cuando la mayoría de la gente se siente al margen de las decisiones que afectan sus intereses entre un proceso electoral y otro. Particularmente, cuando las acciones del gobierno y las políticas públicas implementadas no responden a la realidad social, buscan satisfacer los objetivos individuales de los que les representan o “actúan en función de intereses económicos de corporaciones y/o de los partidos políticos que cargan con una evidente apatía y desafección por parte de la ciudadanía”. (Ibid., p.182) Este panorama se ve reforzado con las situaciones surgidas entorno a la aprobación de la nueva ley electoral y las circunstancias que provocaron el descalabro del sistema en la celebración de las pasadas primarias. Una ley aprobada sin consenso multisectorial, como había sido desde la decada de los 80, que centraliza en la presidencia las funciones de personal de confianza sin garantías de funcionalidad, que rompe con el sistema de vigilancia interna que provee la participación de todos los grupos políticos genera dudas y preocupaciones que atentan contra la credibilidad y legitimidad de los procesos electorales. Más aún, que el proceso de selección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones obligue a un juez en funciones a identificarse políticamente, en contra de los mejores principios de independencia y ética judicial, amerita atenderse. Urge que el nuevo gobierno inicie un proceso de revisión que involucre a todos los grupos políticos, que garantice la obtención de los consensos, se fundamente en el respeto a la intención del elector y la protección más amplia del derecho al voto. Asímismo, que garantice que solo los domiciliados en la isla participen en los procesos electorales. De la misma forma, deben considerarse algunas de las propuestas surgidas durante el proceso de renuncia del pasado gobernador, como la implementación de un sistema de doble vuelta que asegure que el gobernador electo cuente con una verdadera mayoría,