Koinonía 2006-2007

Car ta abierta de los matrimonios de Puerto Rico 99 realidad instituida por Dios mismo (y no es una creación humana) con dos objetivos esenciales para el conjunto de los individuos que componen la sociedad: un hombre y una mujer se casan para constituir una unión complementaria de autodonación y mutua ayuda, para ser esposos, y para ser padres, procreando en un ambiente sano, hijos e hijas que han de ser educados, protegidos y criados en primera, fundamental e irremplazable instancia, por sus padres. El Estado está llamado a proteger y a secundar este origen divino, racional, natural, universal de la familia que nace amparada por el matrimonio. Esto es un bien primordial, fundamental, innegable. Porque la familia es una institución sagrada, de origen divino, no está sujeta, como otros contratos, al arbitrio o gusto de los contratantes. Porque provee un servicio tan importante al conjunto social el Estado no sólo le reconoce derechos sino que también tiene hacia ella deberes: debe protegerla y fomentarla. Así como el Estado prohíbe ciertos contratos como inmorales e impropios, y los hace ilegales, aunque algunas personas los quieran contraer (por ejemplo, comprar y vender drogas, prostitución, engañar en las ventas, etc.), así el Estado tiene el derecho y deber de salvaguardar la dignidad del matrimonio. Es por ello que legisla sobre la capacidad de una persona para contraer matrimonio, porque indica quién es una persona idónea para cumplir con los objetivos de dicha institución: para ser esposos y padres. Por eso mismo impide que haya poligamia y otras formas de unión que no garantizan los objetivos hasta hoy día prácticamente universalmente aceptados como propios del matrimonio. La protección, reconocimiento, estima y apoyo al matrimonio se le confiere a aquellas personas que, voluntariamente, estén dispuestas y sean capaces de aceptar esa encomienda en toda su expresión, incluyendo el hacer constar su compromiso ante la sociedad siendo partícipes de los procedimientos legalmente provistos, ya sean religiosos o civiles. Si se avalan las uniones de hecho, el Estado estaría cambiando de forma radical, inaceptable, inmoral y destructiva esta institución que está llamada a servir, no a destruir o degradar. Reconocerle a personas que voluntariamente no quieren casarse (por eso están unidos de hecho, no en ley), la seriedad social de los que quieren asumir las responsabilidades que el Estado reconoce que tiene el matrimonio como tal es contradictorio. Permitir que dos personas del mismo sexo, que no se complementan en el lenguaje objetivo de sus propios cuerpos y que no pueden procrear, es

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