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pontificia universidad católica de puerto rico

En resumen el Tribunal adoptó tres doctrinas:

1. Siendo el Congreso de Estados Unidos la fuente

original del poder de acusar, no puede separarse

en dos fuentes originales y por lo tanto le aplica la

cláusula de doble exposición denegando la petición

del Gobierno de Puerto Rico.

2. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un ente

político con soberanía propia en el federalismo

americano como si fuese un estado, siendo este

estatus único en el régimen de gobierno de los Estados

Unidos. Su creación, sostiene el Tribunal, significó

un cambio sustancial en la relación política entre

Estados Unidos y Puerto Rico. Esta posición rechaza

la adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

3. El Congreso tiene amplios poderes constitucionales

para adoptar nuevos esquemas para tratar a

Puerto Rico incluyendo el renunciar a sus poderes.

Esa doctrina rechaza la posición adoptada por el

Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo sucedido con la comunicación de este caso quedará en la

historia de Puerto Rico como ejemplo de cómo una opinión del

Tribunal Supremo se transmitió al público, en muchos casos

de manera distorsionada, y en otros directamente contraria al

propio texto de la misma. Es un testimonio silente y brutal

del poder del contexto, de la comunicación y del imperio de la

percepción sobre los hechos.

I.

Junta de Control Fiscal.

Ese mismo día, en horas de

la tarde, la Cámara de Representantes de Estados

Unidos dominada con el Partido Republicano y con

el apoyo de la Casa Blanca demócrata aprobó una

Junta de Control Fiscal federal con poderes para

reestructurar la deuda de Puerto Rico y para imponer

un gobierno alterno en la Isla. La Junta, a un costo

de $370 millones, será nombrada por el gobierno

federal y pagada por el pueblo de Puerto Rico. La base

de poder constitucional de ese proyecto es la cláusula