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pontificia universidad católica de puerto rico
El taxista Ortiz Molina fue entrevistado por el periódico
San Juan Star
y reveló que los dos jóvenes estaban vivos cuando se rindieron. Los
periodistas Manny Suárez y Tomás Stella, de ese periódico, fueron
componiendo lo que realmente sucedió ante la continua negación de las
autoridades. El gobernador Romero Barceló, el Departamento de Justicia
de Puerto Rico y el FBI dificultaron la investigación y encubrieron los
hechos durante años.
En 1980 el gobernador Romero Barceló fue elegido en una controvertida
elección, yMiguel Hernández Agosto, presidente del Senado por el Partido
Popular Democrático. Este ordenó una investigación a la Comisión de
lo Jurídico del Senado, bajo la presidencia de Francisco Aponte Pérez,
expresidente del Colegio de Abogados. La Comisión designó al ex fiscal
Héctor Rivera Cruz como director de la pesquisa y al investigador del
escándalo de Watergate y profesor de la Universidad de Georgetown
Samuel Dash. Hernández Agosto se dedicó personalmente a supervisar
la investigación.
El Poder Ejecutivo cuestionó consistente e infructuosamente en los
tribunales la potestad investigativa de la Legislatura. En esa controversia
el Poder Legislativo legitimó los alcances de sus prerrogativas y estableció
la jurisprudencia sobre el particular. Los secretarios de justicia Carmen
Rita Vélez Borrás, Héctor Reichard y Gerardo Carlo renunciaron o
tuvieron que renunciar a sus puestos por discrepancias con el gobernador
Romero Barceló sobre las investigaciones y acciones del Gobierno en este
caso.
Fruto de una rigurosa investigación, la cual se televisó a todo Puerto Rico,
se desmanteló la versión oficial de que los jóvenes habían muerto en el
intercambio inicial de disparos. Un especialista forense estadounidense
testificó, arrodillado, explicando por dónde entraron y salieron las
balas, y demostró que los jóvenes estaban de rodillas, y las quemaduras
en los cuerpos y las ropas de los jóvenes significaban que los disparos
se hicieron literalmente a quemarropa. El agente Miguel Cartagena
testificó bajo inmunidad y dijo que el director Pérez Casillas les había
dado instrucciones previas de que: «esos terroristas no deben bajar con
vida», y que vio a los jóvenes vivos, y los rifles de los policías rebotando
de las descargas cuando los ejecutaban.